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Entidades privadas

Se reconoce el derecho de la iniciativa privada a participar en la prestación de Servicios Sociales con sujeción al régimen de registro, autorización e inspección establecido en esta Ley y demás legislación que resulte de aplicación.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos, convenios u otras fórmulas de cooperación para la prestación de Servicios Sociales con cualquier entidad prestadora de los mismos recogida en la presente Ley, de acuerdo con la planificación general de Servicios Sociales.

A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los servicios y centros dedicados a la prestación de Servicios Sociales de los que sean titulares entidades de iniciativa privada sin fin de lucro y atiendan preferentemente a personas de condición socioeconómica desfavorable.

Mapa de Recursos

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